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Además, hay que tener en cuenta que cada país tiene sus propias leyes y regulaciones. Aunque no exista un tratado de extradición, algunos países pueden tener disposiciones legales internas que permitan la entrega de sospechosos o condenados a otro país, incluso sin un acuerdo formal. Por lo tanto, los infractores no deben pensar que están totalmente a salvo en estos países.
La extradición se tramitará por la vía diplomática y la solicitud la realizará, por escrito, el Juez o Tribunal responsable de oficio o a instancia de parte.
Así, pese a que España forma parte de la Unión Europea y de que existen las llamadas euroórdenes que facilitan el proceso de entrega de prófugos en el terreno comunitario, sus peculiaridades han saltado a la vista en las peticiones contra los antiguos miembros del Govern catalán que se exiliaron para evitar ser procesados por el referéndum de 2017 denegadas por Bélgica, Alemania, Escocia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por otro lado, la falta de tratados de extradición con países como China, Rusia o Irán puede tener implicaciones políticas y diplomáticas, ya que estos países pueden considerar que la solicitud de extradición es una intromisión en sus asuntos internos.
Existen diversos motivos por los cuales un país puede decidir no tener tratados de extradición con otros países, como pueden ser cuestiones políticas, religiosas, ideológicas o de derechos humanos.
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No necesariamente. Aunque no exista un tratado específico de extradición, la cooperación judicial puede darse a través de otros mecanismos como asistencia legal mutua, intercambio de información o mecanismos proporcionados por organismos internacionales como INTERPOL.
El poder de extradición es un tema que siempre ha dado de qué hablar tanto en España como en todas partes del mundo. La repatriación voluntaria es un procedimiento por el cual un país solicita a las autoridades del otro el envío de un infractor prófugo, pero en la práctica lawful es un tema mucho más complejo.
En Oceanía, la lista de países sin extradición a España es mucho más grande porque solo Australia y Nueva Zelanda tienen acuerdos bilaterales.
En el caso de España, hay una serie de países que no tienen tratados de extradición o que tienen tratados limitados, lo que significa que no están obligados a entregar a una persona acusada o condenada por un delito en España. Estos países son conocidos como países sin extradición con España.
De esta forma la extradición solo se concederá atendiendo al principio de reciprocidad. El Gobierno español podrá exigir una garantía de reciprocidad al Estado solicitante.
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El único límite que existe a delitos “extraditables”, es que —conforme a otro principio standard—, no suele concederse la extradición cuando está motivada por los denominados delitos políticos. Se suele excluir de esta categoría a los delitos relacionados con el terrorismo.
A pesar de ello, muchas antiguas colonias británicas, holandesas y francesas en el Caribe siguen siendo refugios seguros donde las personas que figuran en la lista de busca y captura de España pueden hacer su vida tranquilamente.
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